Legislar de espaldas a los pescadores, una tradición gallega.

Por José Varela, Periodista.

 El realizador sueco Lasse Halström dirigió en 2011 una comedia romántica que resultó muy celebrada por la crítica y el público, La pesca del salmón en Yemen. El argumento, basado en una novela de Paul Torday, es una tierna y disparatada trama en la que un jeque yemení aficionado a la pesca ortodoxa sueña con trasladar a su país un número suficiente de salmones de Escocia para dar rienda suelta a su pasión en la península Arábiga. La idea es del agrado del gabinete del primer ministro porque le serviría de cortina de humo para ocultar algo de basura bajo la alfombra. Nada que nos sea desconocido. En un momento del filme, cuando el asunto llega a oídos del ministro de Agricultura y Pesca británico, el político, fuera de sí, pone el grito en el cielo. No por una súbita conversión ecologista, razones de cordura o defensa del medio ambiente escocés, sino porque, si los pescadores aficionados se enteran del proyecto montarían tal escándalo que podría costarle el puesto. La anécdota del descabellado proyecto del traslado de salmones, claro, es pura ficción, pero la reacción del personaje responde a un principio sagrado en el Reino Unido: con las cosas de pescar no se juega.
En España, en Galicia desde luego, una secuencia semejante no tendría cabida ni en la más insensata de las películas, por la sencilla razón de que aquí, entre nosotros, la opinión y los intereses de los pescadores aficionados carecen de relevancia alguna para la Administración. Quienes cada año abonamos las tasas para la obtención de la licencia y, durante la temporada, afrontamos los gastos de los permisos en los cotos -además de la economía de escala que se nutre de esta actividad-, no pintamos nada para quienes gestionan unos recursos desde unos cargos que tienen su razón de ser en la existencia de los pescadores. Pero así se escribe la historia.
El caso de los pescadores escoceses al que alude la película sí se da en otros ámbitos deportivos que afectan a recursos naturales y bienes considerados jurídicamente res nullius. La caza, sin ir más lejos. No hace falta recurrir al glamur y recordar la presencia del príncipe Carlos en una cacería en una finca castellana al lado de prominentes personajes de la vida pública española. En el debate de la Ley de Seguridad Vial fue sometido a debate en el Senado en febrero pasado un cambio que implicaba que la responsabilidad del atropello, y los consiguientes daños personales o materiales, de un jabalí, un corzo o cualquier otra pieza cinegética en una carretera que atravesase un territorio considerado coto de caza sería exclusivamente del automovilista. El lobby hispano de la caza sí es tenido en cuenta, con independencia de si sus pretensiones son o no desmesuradas como las que quedan apuntadas. Algo que en el ámbito de la pesca fluvial es, sencillamente, inimaginable, pura ciencia ficción.
La práctica hasta la fecha cuando de regular la actividad deportiva en la red hídrica gallega se trata es de absoluto desprecio a la opinión, intereses y legítimas aspiraciones de los pescadores. Cada temporada se repiten los desaires y menosprecios: normativas dictadas al más puro estilo despótico, retrasos injustificables en la difusión de la Orden, cambios y restricciones que parecen presididas por el capricho y la venalidad, y, sobre todo, oscurantismo y falta de información. Un pescador del común nunca llegará a saber por qué en un determinado tramo acotado el número de cañas autorizado es el que figura en la Orden, por qué la talla varía respecto a otro río de similares características, por qué las técnicas y cebos autorizados son los que son, por qué las fechas de inicio y término de la campaña sufren, en su caso, cambios, por qué los cupos son los que son, etcétera. Sencillamente no lo sabrá porque no hay un lugar en el que informarse –y cuidado que es barato colgar en la web de la Consellería los estudios técnicos, si los hubiere, que justifican esas medidas-. Sencillamente porque su opinión, o sus datos y tal vez conocimientos científicos al respecto, no cuenta para nada.
El método que sirve de coartada para este oscurantismo propio de otras épocas es la teórica participación de los aficionados en un sanedrín elegido con criterios de otras épocas de infausto recuerdo y que aun guardan un cierto aroma de democracia orgánica y estamental. El procedimiento de consulta resulta anacrónico, se realiza sin dar cuenta a los aficionados, y solo se les sirve el plato cuando está debidamente cocinado en los fogones de Medio Ambiente y sin opción a contraste. Como las lentejas: o las tomas o las dejas. Y el resultado no podía ser otro que una actitud prepotente porque carece de oposición organizada, una suerte de matonismo administrativo y un claro desprecio a la inteligencia y a los derechos de los aficionados. Solo se explica semejante cúmulo de abusos por la pasividad de los aficionados. Bien es cierto que nunca como en el arranque de esta campaña se han oído voces críticas, y el Xornal Trueiro es un claro exponente de esta línea, con el estilo que ya es marca de la casa de la Consellería. Tal vez sea un síntoma de que algo empieza a cambiar. Veremos.
Por estas razones, hasta que aquí, entre nosotros, la fuerza latente del colectivo de pescadores se materialice, esto es que pueda ser percibida como tal por los encargados de administrar la pesca fluvial, las cosas no empezarán a cambiar sustancialmente. La Administración no tiene el monopolio de la verdad, ni siquiera el del acierto y mucho menos el acceso a estudios científicos hoy a disposición de todos los ciudadanos. Pero parece que hasta que, como el ministro británico del filme, algunos no vean mover la silla que ocupan, no pocas veces por puro azar o favores debidos, la voz de los pescadores seguirá siendo desoída. Seguiremos siendo, excepto para pagar, los eternos marginados.

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